La Cámara de Diputados definió el Acta de Labor Parlamentaria correspondiente a la vigésima séptima Sesión Ordinaria del Cuerpo, integrada por los proyectos propuestos por los distintos Bloques políticos para la misma. Estas iniciativas fueron elevadas por los presidentes de las bancadas al presidente de la Cámara Baja, Esteban Amat Lacroix, para su incorporación al temario previsto de la Sesión.
Cabe señalar que cada proyecto sólo será considerado para su tratamiento parlamentario en el recinto si cuenta previamente con los dictámenes emitidos por las comisiones correspondientes.
Acta de Labor Parlamentaria
1. Expediente Nº 91-54.888/26. Proyecto de Ley: Propone crear el Registro Único de Fútbol Amateur (RUFA). (B. Todos Por Salta)
Autores: Dips. Gastón Galíndez, Enzo Alabi, Luis Albeza, Esteban Amat Lacroix, Gerónimo Arjona, Emmanuel Ayón, Laura Cartuccia, Marcos Catardo, Enzo Chauque, Ricardo Chosco, Juan Pablo Cuellar, Gustavo Dantur, Edgar Domínguez, Juan José Esteban, Omar Exeni, Frida Fonseca, Rodrigo García, Mónica Goicoechea, Patricia Hucena, Carlos Jorge, Mónica Juárez, Guillermo Kripper, Fabio López, Marianela Marinaro, Luis Mendaña, Mirtha Miller, Sergio Oliva, Gerardo Orellana, Gustavo Orozco, Norberto Paz, Patricio Peñalba, Miguel Plaza, Germán Rallé, Jorge Restom, Rogelio Segundo, Daniel Segura, Nicolás Taibo, Ernesto Tapia, Adrián Valenzuela Giantomasi, Fabián Valenzuela, Héctor Vargas y Socorro Villamayor; y Sen. Manuel Pailler.
Breves fundamentos: El presente proyecto de ley tiene por objeto crear el Registro Único de Fútbol Amateur (RUFA), destinado a identificar a los organizadores de torneos de fútbol amateur desarrollados con fines lucrativos y establecer requisitos mínimos que garanticen una organización responsable, la protección de los participantes y la prevención de riesgos. En los últimos años se ha registrado un notable crecimiento de torneos de fútbol amateur organizados por personas particulares y jurídicas, organizaciones privadas que desarrollan esta actividad mediante el cobro de inscripciones, planillas, entradas, alquiler de canchas, publicidad u otras formas de explotación económica. Esta realidad ha generado una actividad que excede el ámbito estrictamente deportivo y produce consecuencias en materia de seguridad, responsabilidad civil y protección de los participantes. El proyecto parte de una premisa fundamental: el Estado no regula el juego; regula la organización de torneos cuando existe una explotación económica y, con ella, el deber de asumir responsabilidades frente a quienes participan y frente a la comunidad. Por ello, resulta indispensable distinguir claramente dos realidades diferentes. Por un lado, los torneos organizados por la Secretaría de Deportes, municipios, federaciones, ligas, asociaciones deportivas y clubes oficialmente reconocidos, cuya finalidad es eminentemente deportiva y que ya se encuentran alcanzados por regímenes específicos de organización y control. Por otro lado, existen competencias organizadas con fines lucrativos por particulares, en las cuales el organizador obtiene beneficios económicos mediante el cobro de inscripciones, planillas, entradas, alquileres, publicidad u otros conceptos. Es sobre esta actividad donde el Estado tiene la responsabilidad de fijar un piso mínimo de organización y seguridad. Diversos antecedentes han evidenciado conflictos entre equipos, lesiones de participantes sin asistencia adecuada, ausencia de coberturas de seguros, estafas a jugadores por incumplimientos de los organizadores y dificultades para identificar responsables cuando se producen incidentes durante el desarrollo de los torneos. En muchos casos, los organizadores no son propietarios de los predios donde se disputan los encuentros, circunstancia que dificulta aún más la determinación de responsabilidades frente a los participantes y a terceros. El presente proyecto reconoce expresamente esta realidad y establece que la obligación de inscripción alcanza a quien organiza y explota económicamente el torneo, con independencia de la titularidad del predio. La creación del RUFA permitirá identificar a los organizadores, promover una cultura de responsabilidad y exigir requisitos mínimos indispensables, tales como la contratación de un seguro de responsabilidad civil, la identificación del responsable del torneo, la individualización del predio y la presentación de una declaración jurada ante la Autoridad de Aplicación. La iniciativa procura, además, evitar cargas burocráticas innecesarias. Por ello se adopta un sistema de inscripción mediante declaración jurada y se establece un mecanismo simplificado de comunicación a la autoridad policial, distinguiendo entre torneos de una sola jornada y campeonatos de varias fechas, evitando presentaciones reiteradas que entorpezcan la actividad y la gestión administrativa. El proyecto se inspira en los principios de prevención del daño, responsabilidad del organizador, buena fe, simplificación administrativa y protección de la integridad física de las personas. No persigue restringir el desarrollo del fútbol amateur ni desalentar su crecimiento, sino brindar un marco jurídico claro para quienes organizan competencias con fines económicos y garantizar condiciones mínimas de seguridad para jugadores, árbitros, espectadores y la comunidad. En definitiva, esta iniciativa busca fortalecer el fútbol amateur desde la responsabilidad, promoviendo reglas claras para una actividad que cumple una importante función social, pero que, cuando genera beneficios económicos, debe desarrollarse con estándares mínimos de organización, transparencia y protección.
Sin dictámenes de las Comisiones de Cultura y Deporte; de Salud; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.
2. Expediente Nº 91-54.281/26. Proyecto de Ley: Propone crear el Colegio de Bromatólogos y Carreras Afines. (B. Todos Por Salta)
Autoría: Dip. Juan José Esteban.
Breves fundamentos: El presente proyecto de ley por el que se crea el Colegio de Bromatólogos y carreras afines de la provincia de Salta, como persona jurídica de derecho público no estatal con potestad de gobierno de la matrícula y control ético-disciplinario de quienes ejercen la bromatología en el territorio provincial. Los fundamentos que sostienen esta iniciativa son, a la vez, de raigambre constitucional, sanitaria, económica y federal, y se exponen a continuación. El presente proyecto tiene su origen en la iniciativa y el trabajo colectivo de profesionales de la Bromatología y carreras afines de la provincia de Salta, quienes participaron activamente en su elaboración, análisis y consenso. La propuesta cuenta con la adhesión expresa de sesenta y cinco (65) profesionales y refleja las necesidades, experiencias y aportes técnicos del sector en materia de ejercicio profesional, seguridad alimentaria y salud pública. La creación del Colegio constituye una aspiración largamente sostenida por estos profesionales, quienes consideran necesaria una institución que contribuya a la jerarquización de la actividad, al fortalecimiento del control ético del ejercicio profesional y a la consolidación de estándares técnicos acordes a las demandas actuales de la salud pública y la seguridad alimentaria. La bromatología es, por su objeto mismo, una profesión sanitaria que tiene a su cargo el control técnico de los alimentos en todas las etapas de la cadena agroalimentaria, desde la producción primaria hasta la góndola y el plato del comensal. Su correcta organización institucional es, por tanto, un instrumento privilegiado para que el Estado provincial dé cumplimiento operativo a los deberes que el artículo 42 CN le impone. La provincia de Salta ostenta un perfil estratégico singular dentro del país. Su economía y su identidad cultural se asientan, en grado decisivo, sobre la actividad turística y sobre una gastronomía regional reconocida nacional e internacionalmente: empanadas salteñas, locro, humitas, tamales, asados criollos, quesos y dulces artesanales, vinos de altura de los Valles Calchaquíes, panificación tradicional y derivados de la quinua y el maíz. Esta producción no es un anexo del turismo sino es uno de sus principales atractivos y, en muchas localidades del interior, constituye el motor del desarrollo local y la principal fuente de ingresos de las economías familiares. Ahora bien, la calidad sensorial y cultural de esos alimentos debe ser indisociable de su inocuidad sanitaria. La Provincia atraviesa un ciclo de fuerte expansión de la actividad minera, en particular en torno al litio y a minerales asociados a la transición energética. Esta dinámica implica el funcionamiento de campamentos y comedores industriales, el abastecimiento masivo de alimentos en zonas de altura y de difícil acceso, la convivencia de cientos o miles de trabajadores en condiciones que demandan estándares estrictos de inocuidad alimentaria y agua segura, y la presencia simultánea de profesionales provenientes de distintas provincias y, en algunos casos, del extranjero. En ese marco, el Colegio cumplirá una función de policía profesional indispensable: verificar las matrículas, controlar las incumbencias, registrar los antecedentes éticos y articular con los colegios homólogos de otras jurisdicciones para que el ejercicio de la bromatología en el ámbito minero salteño esté sometido a un estándar profesional uniforme y trazable. La inexistencia de un colegio público con esta misión deja un vacío que ni la autoridad sanitaria puede llenar por sí sola, ni los registros administrativos dispersos del Ministerio resuelven con la agilidad que requiere la realidad operativa de los proyectos mineros en marcha. El proyecto introduce un esquema reforzado de visado de contratos y aranceles éticos. Importa precisar el alcance constitucional de este mecanismo, a fin de evitar todo equívoco que pudiera confundirlo con una regulación cartelizada de precios prohibida por la Ley Nacional 27.442 de Defensa de la Competencia y por la doctrina antimonopólica que se desprende del propio artículo 42 CN. Los honorarios mínimos éticos no operan como un precio impuesto al mercado, sino como un piso de dignidad profesional bajo el cual se presume el deterioro del decoro de la profesión, el envilecimiento de las condiciones laborales del conjunto de los colegiados y, en última instancia, el riesgo de degradación del servicio técnico que la sociedad recibe. La creación del Colegio de Bromatólogos y carreras afines de la provincia de Salta no responde a un interés corporativo, sino a una necesidad estructural de la Provincia, que Salta necesita una bromatología profesionalizada, ética y jerarquizada para tutelar el derecho del consumidor a alimentos seguros (artículo 42 CN), para acompañar el desarrollo turístico- gastronómico que constituye una de sus identidades más valiosas, para sostener con estándares técnicos rigurosos la expansión minera, para articularse federalmente con las demás provincias y para incorporar de modo responsable las nuevas tecnologías al control alimentario.
Sin dictámenes de las Comisiones de Salud; y de Legislación General.
3. Expediente Nº 91-54.917/26. Proyecto de Declaración: Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del organismo correspondiente, incluya en el Plan de Obras Públicas del Presupuesto General de la Provincia – Ejercicio 2027, las mejoras edilicias de los hospitales, centros de salud y puestos sanitarios de las Áreas Operativas XXXIII de Chicoana y XXXIV de El Carril, departamento Chicoana. (B. Todos Por Salta)
Autoría: Dip. Emmanuel Ayón.
Sin dictámenes de las Comisiones de Obras Públicas; y de Hacienda y Presupuesto.
4. Expediente Nº 91-53.845/26. Proyecto de Declaración: Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, garantice la cobertura adecuada del servicio de ambulancias en el Hospital “Eva Perón” de la localidad Hipólito Yrigoyen, departamento Orán. (B. Por Salta)
Autoría: Dip. David Taranto.
Con dictamen de la Comisión de Salud; y sin dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
5. Expediente Nº 91-54.930/26. Proyecto de Ley: Propone modificar el Decreto Ley 9/1975, Código Fiscal de la Provincia. (B. La Libertad Avanza)
Autores: Dips. Franco Lastra, Nicolás Arce, Claudio Cansino, María Victoria Cayo, María Elena Davids, Fernanda Domínguez, Alejandro Esper, Sergio López y Eduardo Virgili.
Breves fundamentos: El presente proyecto de Ley, cuyo objeto principal es reestructurar los principios rectores de la relación tributaria entre el Estado Provincial y los contribuyentes en el Código Fiscal de Salta (Decreto Ley 9/1975 y sus modificatorias), mediante la consagración e incorporación expresa del principio de presunción de buena fe. Históricamente, la práctica tributaria y la fiscalización se han estructurado bajo dinámicas de desconfianza sistémica hacia el administrado, invirtiendo la carga probatoria e imputando presupuestos de infracción o evasión ante meras diferencias de criterio o simples desvíos formales. Resulta indispensable adecuar nuestro marco normativo salteño a los estándares constitucionales republicanos, garantizando seguridad jurídica, previsibilidad y un trato justo e inequívoco a los ciudadanos y sectores productivos de Salta. La incorporación de la presunción de exactitud de las Declaraciones Juradas y de la presunción de buena fe viene a saldar una deuda histórica con la equidad tributaria. La iniciativa promueve la articulación con los lineamientos fijados a nivel nacional (Ley N° 27.799 y normativas complementarias de Inocencia Fiscal), a fin de implementar de manera coordinada regímenes simplificados de fiscalización y mecanismos de declaración jurada agilizados. La armonización tributaria horizontal (Provincia-Municipios) es fundamental para reducir el "costo argentino" y los costos de cumplimiento que pesan sobre el comercio, la industria y los servicios en todo el territorio salteño.
Sin dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.
6. Expediente Nº 91-54.699/26. Proyecto de Ley: Propone establecer un sistema provincial para promover la calidad, seguridad, profesionalización, transparencia y accesibilidad de los servicios de cuidado domiciliario. (B. Conservador Popular)
Autoría: Dip. Guillermo Durand Cornejo.
Breve fundamentación: El envejecimiento de la población, el aumento de la expectativa de vida y las situaciones de discapacidad o dependencia generan una creciente necesidad de servicios de cuidado y acompañamiento domiciliario. En numerosas familias, la necesidad de encontrar una persona de confianza para brindar cuidados constituye una dificultad significativa. La búsqueda suele realizarse mediante recomendaciones informales, redes sociales o contactos personales, sin contar siempre con información suficiente sobre la formación, experiencia o antecedentes de quien prestará el servicio. Al mismo tiempo, existe un importante número de personas que desarrollan tareas de cuidado y cuentan con experiencia y capacidades que no siempre encuentran mecanismos adecuados de reconocimiento, capacitación y vinculación con quienes necesitan sus servicios. La presente iniciativa propone abordar ambas situaciones mediante la creación de un Registro Provincial de Cuidadores Domiciliarios Habilitados, que permita establecer requisitos mínimos y transparentar la información sobre las personas que ofrecen servicios de cuidado. El segundo componente consiste en una Plataforma Provincial de Cuidados Domiciliarios, concebida como una herramienta tecnológica de acceso gratuito que facilite la vinculación entre familias y cuidadores previamente registrados. La propuesta no pretende que el Estado se convierta en empleador de los cuidadores ni que intervenga en la fijación de honorarios. Tampoco procura reemplazar los servicios profesionales de salud ni las prestaciones que corresponden a los sistemas de seguridad social, obras sociales o empresas de medicina prepaga. Por el contrario, busca generar infraestructura pública de información y confianza, facilitando que las familias puedan conocer quién presta el servicio, qué capacitación posee y si su habilitación se encuentra vigente. La iniciativa también reconoce que la digitalización no debe convertirse en una barrera de acceso. Por ese motivo, se prevé la posibilidad de establecer puntos presenciales de orientación para aquellas personas que no cuentan con habilidades o herramientas digitales. Asimismo, se contempla la capacitación permanente y el reconocimiento de saberes adquiridos mediante la experiencia, de manera que la profesionalización de la actividad no termine excluyendo a quienes durante años han desarrollado tareas de cuidado. Un aspecto central del proyecto es la protección de las personas cuidadas. La inscripción en el Registro no constituye una habilitación para realizar prácticas médicas, u otras actividades profesionales reservadas por la legislación vigente. El sistema deberá establecer límites claros y mecanismos de actuación frente a situaciones de maltrato, abuso o incumplimiento. La propuesta pretende, finalmente, complementar las políticas públicas provinciales existentes en materia de cuidados, personas mayores, discapacidad y formación profesional, evitando la creación de estructuras innecesarias y utilizando la tecnología como herramienta para mejorar el acceso y la transparencia. El Estado puede cumplir un papel fundamental sin reemplazar a las familias, a los cuidadores ni al sector privado: establecer reglas, generar confianza, reconocer capacidades y facilitar el encuentro entre quienes necesitan cuidados y quienes están preparados para brindarlos.
Sin dictámenes de las Comisiones de Salud; de Derechos Humanos y Personas Mayores; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.
7. Expediente Nº 91-54.027/26. Proyecto de Ley: Propone modificar la Ley 6574 “Caja de Previsión Social de Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Profesionales Afines”. (B. Salta Independiente)
Autoría: Dip. Marianela Ibarra.
Breve fundamentación: El presente proyecto de reforma de la Ley 6574 tiene por objeto actualizar integralmente el régimen previsional vigente para los profesionales de la Agrimensura, Arquitectura, Ingeniería y Profesiones Afines en la provincia de Salta. Sancionada en el año 1989, la norma ha constituido un instrumento fundamental para el desarrollo de un sistema solidario y autónomo de previsión social. Sin embargo, el paso del tiempo, los cambios estructurales en el ejercicio profesional, la evolución del marco normativo nacional y la necesidad de garantizar la sustentabilidad financiera del sistema imponen su revisión y modernización. Las modificaciones propuestas buscan, en primer lugar, dotar a la Caja de Previsión Social de herramientas más eficaces para la gestión y recuperación de aportes, incorporando la posibilidad de ejecutar judicialmente las deudas previsionales mediante certificados emitidos por sus autoridades. Esta medida tiene por finalidad asegurar una recaudación ágil, eficaz y con respaldo jurídico suficiente, evitando la morosidad estructural que afecta el financiamiento del régimen. Asimismo, se propone un ajuste en los mecanismos de convocatoria a asambleas para autorizar actos patrimoniales, estableciendo mayorías más razonables y operativas, sin menoscabar los controles institucionales, al requerir dictamen previo de la Comisión Fiscalizadora. En materia de afiliación, la reforma introduce un principio de universalidad, incorporando expresamente a todos los matriculados habilitados en los Colegios y Consejos profesionales como afiliados obligatorios. Esta ampliación responde a la evolución de la colegiación en Salta y asegura un tratamiento equitativo para todos los profesionales habilitados. No obstante, se contemplan excepciones fundadas en situaciones previsionales preexistentes, como es el caso de profesionales mayores de cincuenta y cinco años con aportes en la ANSES, respetando derechos adquiridos y trayectorias previsionales consolidadas. En ese sentido, el nuevo artículo 25 bis establece que la sola existencia de otra cobertura previsional no exime de la afiliación, ya que la obligación nace del ejercicio profesional habilitado, y no de la elección del régimen jubilatorio. Otro aspecto central del proyecto es la actualización del régimen de recursos. Se eleva el aporte personal del 1,5 % al 2,5 % de los honorarios, con un mínimo razonable, en consonancia con estudios actuariales que reflejan la necesidad de fortalecer el financiamiento del sistema. Además, se incorpora una contribución del comitente y del contratista del diez por ciento sobre los honorarios del profesional contratado, lo cual reconoce el carácter solidario de la seguridad social y la corresponsabilidad de quienes se benefician del trabajo profesional. Asimismo, se incorporan disposiciones específicas para controlar el cumplimiento en el ámbito judicial, particularmente en relación con la actuación de peritos y la documentación presentada como prueba, sectores históricamente deficitarios en materia de aportes. En relación con los aportes mensuales, se revisa la escala vigente, elevando los valores mínimos en función de tramos etarios, con una lógica de progresividad y proporcionalidad. Paralelamente, se incorpora un régimen de aportes reducidos para aquellos profesionales que se encuentren en relación de dependencia o acrediten otra cobertura previsional, brindando flexibilidad sin renunciar al principio solidario. Este régimen diferenciado contempla beneficios previsionales proporcionales, evitando privilegios o inequidades dentro del sistema. En cuanto al régimen de beneficios, el proyecto amplía los institutos reconocidos por la ley vigente. Se incorpora la jubilación por incapacidad laboral, con requisitos claros y una escala proporcional en función de los años de aporte, reconociendo una de las contingencias básicas de todo sistema previsional moderno. También se introduce la prestación anual complementaria, asimilable al aguinaldo, con el objeto de preservar el poder adquisitivo de los pasivos. Los beneficios se adecuan tanto para quienes han realizado aportes plenos como para quienes optaron por el régimen reducido, estableciendo una relación directa entre esfuerzo contributivo y beneficio otorgado. La regulación de la pensión también se moderniza. Se establece un mínimo de años de aportes para acceder al beneficio, se incorpora al conviviente supérstite como causahabiente con los mismos derechos que el cónyuge, y se fijan reglas claras de prelación y proporcionalidad, con topes máximos para preservar la sostenibilidad del sistema. Además, se introducen reglas expresas para el prorrateo de beneficios en caso de concurrencia de causahabientes, eliminando ambigüedades que han generado conflictos en el pasado. Por último, se reordenan las disposiciones transitorias, adaptándolas al nuevo marco normativo. Se prevé la entrada en vigencia escalonada de determinadas contribuciones, mecanismos de regularización para afiliados que estuvieron exentos de aportar bajo resoluciones administrativas, y la posibilidad de opción para profesionales de título pregrado o con trayectorias previsionales distintas. Estas disposiciones aseguran una transición ordenada y justa, permitiendo resolver situaciones históricamente irresueltas y garantizando la inclusión efectiva de todos los sectores. En definitiva, esta reforma busca dotar a la Caja de Previsión Social de un marco normativo actualizado, equitativo, técnicamente sustentable y socialmente justo, reafirmando su naturaleza solidaria y profesional, garantizando derechos previsionales dignos y sostenibles, y asegurando un gobierno eficaz y representativo.
Sin dictámenes de las Comisiones de PYMES, Defensa del Consumidor, Asuntos Laborales, Previsión Social y MERCOSUR; de Obras Públicas; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.