Avanza la iniciativa para impulsar el desarrollo económico mediante el aprovechamiento sustentable de la vicuña

28/04/2026


Diputados avanzaron en un nuevo marco normativo que busca actualizar la protección de la vicuña, habilitando la esquila sustentable en silvestría bajo la técnica ancestral del "chaku". Esta iniciativa pretende transformar a la especie en un recurso estratégico para las comunidades de la Puna, fomentando la comercialización legal de una de las fibras más valiosas del mundo y combatiendo, a través del desarrollo productivo, la cacería furtiva.

En el marco de la reunión encabezada por los presidentes de las comisiones de Producción, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, Néstor Parra y Gastón Galíndez, respectivamente, legisladores recibieron a funcionarios provinciales para analizar los alcances de una ley clave para el desarrollo del norte provincial. La propuesta central es permitir el aprovechamiento de la fibra de vicuña, un recurso que hoy se encuentra sub-explotado debido a normativas que requieren una actualización para ponerse a la par de provincias vecinas como Jujuy y Catamarca.

En este sentido, se explicó que el proyecto destaca que la vicuña ha dejado de estar en peligro crítico de extinción, contando actualmente con una población estimada de más de 58,000 ejemplares en Salta. Este crecimiento poblacional, avalado por la recategorización de la Convención CITES, permite pasar de una protección restrictiva a un modelo de "conservación activa", donde el animal se protege a través de su valor económico y social para los habitantes locales.

Además, se detalló que desde una perspectiva de mercado, la fibra de vicuña es considerada una de las más finas y suaves del mundo, con una demanda internacional sostenida y un valor que ronda los 500 dólares el kilo. Al permitir la esquila de animales vivos, Salta se posiciona como un actor competitivo en el circuito legal, buscando que el beneficio económico recaiga directamente en las comunidades andinas que conviven con la especie.

Durante el encuentro, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, y el secretario de Ambiente, Alejandro Aldazabal, coincidieron en que el objetivo primordial es explotar la producción de lana para generar mano de obra local. Explicaron que la vicuña es un herbívoro de bajo impacto ambiental que favorece el rebrote de las pasturas, lo que convierte su desarrollo en una actividad intrínsecamente sustentable y compatible con el ecosistema puneño.

Las autoridades subrayaron que la técnica del "chaku" —arreo y captura para esquila— no genera un estrés mayor al animal si se realiza en los meses adecuados, entre septiembre y diciembre, para evitar que el ejemplar sufra por las bajas temperaturas. Además, mencionaron que cada vicuña puede aportar unos 250 gramos de fibra cada dos años, lo que requiere una organización logística y técnica que será supervisada por el Estado provincial.

Por otro lado, se hizo hincapié en que esta ley es la herramienta necesaria para formalizar la cadena de valor y evitar la caza furtiva. Al darle un valor legal y comercial a la fibra obtenida en silvestría, los pobladores se convierten en los principales guardianes de la especie, ya que su sustento económico depende de la preservación de los ejemplares vivos y sanos.
Finalmente, los funcionarios señalaron la importancia de crear un registro de explotación y fortalecer las capacidades de monitoreo poblacional. Esto no solo garantiza la trazabilidad de la fibra hacia los mercados internacionales, sino que también asegura que Salta cumpla con los estándares técnicos y ambientales para mantener a la especie en el Apéndice II de CITES, permitiendo su comercialización internacional de manera continua.

Por su parte los legisladores presentes manifestaron que el proyecto autoría de los diputados Néstor Parra, Gerónimo Arjona, Enzo Chauque, Ricardo Chosco, Fabio López, Patricio Peñalba, Miguel Plaza, Ernesto Tapia y Héctor Vargas, busca armonizar la realidad ambiental con el desarrollo productivo, entendiendo que el aprovechamiento responsable es un paso fundamental para generar ingresos genuinos. Destacaron que la formalización de la actividad permitirá resguardar al artesano local, dándole acceso a materia prima legal para la confección de piezas textiles de alto valor agregado, como ponchos y mantas.

Asimismo, se puntualizó que el control y cuidado de los animales será un eje rector de la normativa. La actualización del régimen vigente no solo deroga leyes prohibitivas obsoletas, sino que establece un sistema de fiscalización estricto bajo la órbita del Ministerio de Producción y Minería, asegurando que la explotación del recurso no comprometa la biodiversidad de la provincia.

La Puna como protagonista del desarrollo económico

Los diputados representantes de la región de la Puna enfatizaron que esta ley prioriza a las comunidades locales en la comercialización de los productos derivados. Señalaron que el ingreso económico derivado de la fibra representará un cambio significativo para los municipios de la zona, fomentando el arraigo de los trabajadores y evitando la migración por falta de oportunidades laborales.

Para los legisladores de la región, el proyecto es un acto de justicia sociocultural que revitaliza saberes ancestrales. Al profesionalizar la técnica del "chaku" y brindar capacitaciones, se busca que la mano de obra sea exclusivamente local, transformando un recurso natural que hoy es blanco de cazadores furtivos en un motor de desarrollo genuino para las familias puneñas.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Néstor Parra, Gastón Galíndez, Socorro Villamayor, Fabio López, Sergio Plaza, Soledad Farfán, David Taranto, Ernesto Tapia, Mirtha Miller, Enzo Chauque, Gerónimo Arjona, María Cayo, Miguel Plaza, Oscar Chosco, Patricio Peñalba, Marcelo Lara Gros, Gerardo Orellana, Matias Monteagudo, Marcos Catardo, Mónica Goicoechea, José Gauffin y Rogelio Segundo
Además, estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato; al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazabal; a la directora general de Ganadería, Cecilia Fermoselle; y al subsecretario de Gestión Productiva, Pablo Fernández.