La comisión de Legislación General recibió a representantes del Colegio de Nutricionistas, y del grupo autoconvocados de nutrición y trabajo social, quienes manifestaron su preocupación por los aportes obligatorios impuestos para la Caja previsional profesional, por lo que solicitaron se evalúen cambios a la ley 8444 que creó dicho organismo. Ante esta situación, los legisladores propusieron implementar una mesa de diálogo y una comisión revisora para avanzar con los cambios que garanticen la sustentabilidad de los profesionales y el sistema previsional.
Durante la reunión encabezada por la diputada Socorro Villamayor, presidenta de la comisión de Legislación General, se analizó la Ley Provincial N° 8.444, sancionada en agosto de 2024, que establece la creación de la Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta. Está tiene como objetivo principal administrar un sistema previsional basado en la solidaridad profesional, estableciendo la afiliación obligatoria para los inscriptos en el Colegio de Graduados en Nutrición y el Colegio de Profesionales del Servicio Social y Trabajo Social.
Durante el encuentro, los profesionales agradecieron la apertura al diálogo de la Cámara de Diputados, destacando que dicho espacio es vital para canalizar la preocupación que atraviesan ambos sectores profesionales. Luego argumentaron que la implementación de la Caja careció de los estudios económicos actuariales suficientes, convirtiendo lo que debería ser un beneficio futuro, en una carga económica imposible de afrontar por el monto de las cuotas actuales.
Los profesionales consideran que la afiliación no debería ser obligatoria sino optativa, y que las cuotas que cobran actualmente son de difícil cumplimiento para los afiliados, especialmente para los que recién se inician en la profesión.
Según denunciaron, las autoridades de la Caja no han mostrado interés en resolver la morosidad ni en generar planes de pago, a pesar de que más de 340 profesionales impulsaron una mediación legal sin llegar a obtener respuestas favorables. En este sentido, alertaron que bajo las condiciones actuales el sistema podría colapsar en el plazo de 10 años.
Desde el sector de Trabajadores Sociales autoconvocados, se enfatizó la necesidad de crear una Comisión Revisora de la Ley N° 8.444 que analice los puntos a modificar con la participación de todos los sectores. Explicaron que la mayoría de los afiliados no puede cubrir cuotas que oscilan entre los $50.000 y $120.000, lo que genera una creciente preocupación por la pérdida de matrículas.
Así también, señalaron que la ley actual carece de solidaridad, ya que no contempla las dificultades de quienes recién ingresan al sistema laboral, y afirmaron que la Caja tiene que dejar de ser un ente meramente recaudatorio para convertirse en una herramienta que realmente proteja al trabajador.
Por su parte, los representantes de nutrición denunciaron una grave falta de comunicación por parte de la Caja y criticaron que actualmente los montos se calculen en base a la edad de afiliación. Además remarcaron que los profesionales independiente cuentan con ingresos inestables y cobran a través de obras sociales, principalmente el IPS, que pagan con 120 días de atraso, por lo que muchos licenciados acumulan deudas que superan el $1.200.000 pesos.
En este sentido, remarcaron que esta asfixia financiera está provocando una irregularidad profesional porque existen trabajadores que se están dando de baja de la matrícula al no poder sostener los costos, y advirtieron que, a su vez, la baja cantidad de nuevos aportantes pone en jaque la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Los diputados presentes destacaron la importancia de trabajar en conjunto, legisladores, profesionales, colegios y representantes de la Caja, para buscar una solución equilibrada, priorizando el diálogo antes de considerar cualquier modificación a la ley.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Socorro Villamayor, Mónica Goicoechea, Soledad Farfán, Marianela Marinaro, Frida Fonseca y Fernanda Domínguez.
Además concurrieron Emilce Romero, Presidenta del Colegio de Graduados en Nutrición de Salta; Laura Allende, Tesorera del Colegio de Graduados en Nutrición de Salta; Romina Córdoba, representante de nutricionistas del Interior; Belén Cabrera, Nutricionista Autoconvocada; María Eugenia Vargas, Trabajadora Social Autoconvocada; Bettina Gómez, Trabajadora Social Autoconvocada; y Ana Inés Rosa, representante legal del colectivo de Autoconvocados.