El presidente de la Cámara Baja, Esteban Amat Lacroix, junto al diputado Germán Rallé y el secretario Legislativo Raúl Medina, abordaron con el Defensor General, Martín Diez Villa, los lineamientos del proyecto de Ley que busca establecer un marco normativo para garantizar la inclusión laboral dentro del Ministerio Público de personas neurodivergentes, con condiciones como el autismo, TDAH, Asperger, dislexia, dispraxia, trastornos del lenguaje, del procesamiento sensorial, altas capacidades y otras condiciones del neurodesarrollo.
Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en la necesidad de derribar las barreras estructurales que dificultan el acceso a un empleo y su continuidad en puestos que reconozcan sus capacidades reales, por lo que es imperativo avanzar en la creación de condiciones concretas para el acceso, permanencia y desarrollo profesional de personas neurodivergentes, estableciendo que todas las áreas del Ministerio Público de la Provincia deban garantizar ajustes razonables, mecanismos de selección accesibles y la creación de entornos laborales inclusivos.
El proyecto que se propone a instancias de una solicitud formal del organismo, establece la obligación de que todas las áreas del Ministerio Público implementen ajustes razonables, procesos de selección accesibles y entornos laborales inclusivos. Además, incorpora la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas con orientaciones sobre adaptaciones, comunicación, adecuación de espacios, mentorías y apoyos profesionales. También prevé un sistema anual de estadísticas para monitorear el impacto y la eficacia de su implementación.
Desde la Defensoría General se destacó la propuesta y remarcó la importancia de esta ley enfatizando que la inclusión laboral es un imperativo constitucional y de derechos humanos que el Estado debe materializar mediante acciones positivas, por lo que la iniciativa legislativa contempla esta perspectiva y la traduce en obligaciones concretas, como la capacitación obligatoria para todo el personal, procesos de selección accesibles y la prohibición de cualquier forma de discriminación laboral por razones vinculadas a la neurodiversidad.
Con esta propuesta, Salta se posiciona entre las primeras jurisdicciones del país en diseñar un modelo institucional específico para promover la inclusión de personas neurodivergentes, especialmente en un organismo central para el acceso a la justicia.