Mediante esta nueva normativa que tuvo origen en la Cámara de Diputados de Salta, se establece un marco normativo para la gestión y disposición de vehículos y maquinarias retenidas en depósitos públicos provinciales y municipales, una iniciativa que busca mitigar el impacto ambiental, reducir riesgos sanitarios y promover la reutilización de materiales.
La Cámara de Senadores otorgó sanción definitiva al proyecto de Ley que establece un marco normativo para la gestión y disposición de automotores, motovehículos y maquinarias registrables acumulados en depósitos públicos de Salta. La iniciativa, impulsada originalmente por los diputados Jorge Restom, Enzo Alabi, Esteban Amat, Gustavo Dantur, Patricia Hucena, Marcelo Paz (MC), Patricio Peñalba, Germán Rallé y Daniel Segura, busca dar una respuesta integral a la problemática social y ambiental generada por la acumulación descontrolada de rodados, fijando una hoja de ruta clara para resolver el destino final de estos bienes.
Entre los objetivos primordiales se destaca la mitigación del impacto ambiental que produce el depósito de estos vehículos, así como la reducción de riesgos sanitarios, contribuyendo a la prevención de enfermedades arbovirales. Además de promover la economía circular y maximizar la reutilización de materiales.
El marco normativo se aplicará a todos los vehículos secuestrados, removidos o trasladados por disposición de autoridad administrativa, ya sea provincial o municipal, y que estén en depósitos públicos, independientemente de su estado de conservación. Quedan expresamente exceptuados de esta ley aquellos vehículos secuestrados en causas penales de jurisdicción provincial.
La normativa establece que los responsables de los depósitos deben realizar un inventario detallado de los vehículos, incluyendo registro fotográfico, para su posterior incorporación a un Registro que funcionará bajo la órbita de la Autoridad de Aplicación que designe el Poder Ejecutivo. Esta autoridad también será responsable de determinar la aptitud para rodar de cada unidad y su valuación.
La ley precisa el procedimiento para la disposición de los vehículos, estableciendo un plazo 180 días hábiles desde el depósito para que el titular lo retire, previo pago de multas y gastos. Vencido ese plazo y tras las notificaciones correspondientes, se podrá declarar el estado de abandono y proceder a la afectación al uso público, venta en subasta, o descontaminación y compactación.
En el caso de disponerse la afectación al uso público, se priorizará la asignación de los vehículos a los servicios de salud, seguridad y educación.
La venta en subasta pública prevé sorteo de martillero matriculado, publicaciones en Boletín Oficial y medios de mayor circulación y podrá realizarse en forma electrónica; el producido se distribuirá 50% al municipio adherente y 50% a la Autoridad de Aplicación para financiar los objetivos de la ley.
La descontaminación y compactación será procedente cuando las unidades no sean aptas para rodar o constituyan un peligro ambiental o sanitario, y también para aquellas que, al entrar en vigencia la ley, lleven más de 5 años en depósito y no sean afectables al uso público ni a la subasta.
Tras la descontaminación la Autoridad de Aplicación podrá disponer de la chatarra y los materiales resultantes, celebrando convenios con organizaciones civiles, instituciones educativas o artistas; asimismo se prevé la posibilidad de entregar vehículos en desuso para fines educativos o artísticos antes de compactarlos.
Los diputados autores de la nueva ley señalaron que la misma surgió como una respuesta directa a la problemática social y ambiental generada por la acumulación de vehículos secuestrados o en estado de abandono en distintos predios, destacando que su aplicación articulada con los municipios permitirá recuperar espacios, reducir riesgos sanitarios y recuperar materiales valiosos, a fin de maximizar la reutilización de estos recursos, un modelo de gestión que ya fue implementado con éxito en otras provincias del país.
Además, los legisladores subrayaron la importancia de que la Autoridad de Aplicación y los municipios suscriban convenios de colaboración para asegurar la operatividad y supervisión del proceso en todo el territorio provincial.
Es importante destacar que la norma, que fue sancionada en forma definitiva en la última Sesión del Senado, obtuvo media sanción durante la 24º sesión ordinaria de la Cámara Baja, el pasado 23 de septiembre.