Con la consigna “Federalismo en Acción por una Argentina Unida”, se realizó una nueva sesión del órgano de integración regional donde participaron vicegobernadores, autoridades de Legislaturas y parlamentarios que representan a las 10 provincias del NOA y NEA.
La Sesión Plenaria que se realizó en la Cámara de Representantes de Misiones, estuvo presidida por el vicegobernador de Santiago del Estero y titular del Parlamento del Norte Grande, Carlos Silva Neder, y contó con la presencia de más de 120 de legisladores provinciales de la región.
La comitiva salteña estuvo encabezada por el vicegobernador y presidente del Senado, Antonio Marocco, diputados y senadores provinciales que integran el órgano regional. Los diputados que representaron a Salta fueron los diputados María del Socorro López, Nicolás Taibo y Pablo Gómez.
Durante el plenario se aprobó el documento elaborado por la Junta Ejecutiva del Norte Grande, en el que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que en el Presupuesto para el Ejercicio 2025 se incluyan las partidas necesarias para la concreción de obras de infraestructura prioritarias para las provincias del NOA y NEA.
Además, se debatieron y aprobaron cerca de un centenar de iniciativas vinculadas a temas como, el alto costo de la energía eléctrica que tiene la región; las obras públicas en las 10 provincias; la preservación, conservación y desarrollo de humedales; la creación de un Registro de Patologías Derivadas de la Contaminación Ambiental y el Cambio Climático; la integración de un Parlamento Estudiantil regional; además de las cuestiones inherentes de cada provincia.
Por otro lado, se aprobaron proyectos que promueven regular las apuestas en línea con el fin de proteger a los consumidores; apoyo a la iniciativa de que el Congreso de la Nación establezca la obligatoriedad para que las plataformas y redes sociales implementen procedimientos de verificación de identidad, con el objetivo de prevenir y combatir delitos graves como el acoso sexual, el grooming, las redes de pedofilia y pornografía infantil, el bullying, la difusión de contenidos ilícitos, y cualquier otra forma de delito que pueda ser facilitada por el anonimato en dichas plataformas; y promover entre las provincias del Norte Grande la implementación de un marco regulatorio integral para la identificación, prevención y mitigación de la Ciber Ludopatía Infantil.
En este marco, y como puntapié inicial, se creó en el seno del Parlamento la Comisión Especial denominada “Prevención de la Ludopatía”, con el objetivo de abordar esta problemática que afecta a niños, niñas y adolescentes e implementar acciones de visibilidad, concientización y protección, acercando estrategias responsables, sobre el uso de las plataformas de juegos en línea y su entorno digital, como las consecuencias negativas para su salud psicofísicas, sus relaciones personales, familiares y sociales”.
Por otra parte, se aprobó la iniciativa que solicita a los respectivos Poderes Ejecutivos provinciales y, asimismo, a los Legisladores Nacionales por las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, que gestionen ante el Poder Ejecutivo Nacional la reactivación de la construcción de viviendas destinadas a la población de recursos insuficientes, valorando que a lo largo y ancho de nuestro país existe un alto déficit habitacional.
Otro de los puntos aprobados, fue el proyecto que requiere la aprobación en el Congreso de la Nación de la Ley de “Ficha Limpia”, la cual propone que los ciudadanos que cuenten con condena judicial no puedan presentarse a elecciones para ejercer cargos públicos.
Así también, se aprobó el proyecto que solicita a la Nación, que, a través del organismo correspondiente, disponga de los recursos necesarios para la reparación y mantenimiento de la Ruta Nacional N° 34 en distintos tramos de nuestra provincia.
En tanto, se aprobó el proyecto que requiere que los Legisladores Nacionales que representan a las provincias del Norte Grande, gestionen ante el organismo competente, el cumplimiento y cobertura del reparto equitativo de los recursos económicos para las Universidades Nacionales, instando al Gobierno Nacional a cumplir con una distribución federal que garantice su funcionamiento.