Los legisladores recibieron a los ministros de Economía y Servicios Públicos, de Infraestructura, y de Gobierno, quienes expusieron los principales lineamientos del pedido de autorización de la Provincia para solicitar un crédito por 40 mil millones de pesos para reprogramar los pagos de la deuda del Fondo del Bicentenario, en pesos y en cuotas.
En la reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, los diputados de los distintos bloques recibieron al ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, de Infraestructura, Sergio Camacho, y de Gobierno, Ricardo Villada, quienes detallaron el pedido de autorización para la toma de un crédito que será remitido a la Legislatura.
De acuerdo a lo informado por el titular de la cartera de Economía, el plazo total será de 24 meses, con un periodo de gracia de capital de 6 meses. La amortización será en 18 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. En tanto, indicó que los intereses se devengarán a la tasa de interés Badlar, publicada por el Banco Central de la República Argentina, más un margen fijo de hasta el 7%.
En este marco, los funcionarios informaron que la finalidad de este pedido significa reprogramar los plazos del pago de la deuda del Fondo del Bicentenario que vence en junio próximo, en 24 cuotas en pesos, en vez de dólares, para atender distintas áreas prioritarias, considerando los recortes nacionales.
Sobre este punto, el ministro de Economía puntualizó que entre las medidas nacionales que repercuten en la hacienda provincial se pueden mencionar, la disminución de los fondos coparticipables producto de la eliminación de la cuarta categoría de ganancias, que significa más de 10.000 millones de pesos para el primer bimestre del año; la caída de la recaudación como consecuencia de la disminución de la actividad económica, unos 9.986 millones de pesos para igual periodo; la merma por consenso fiscal por una cifra cercana a 20.000 millones de pesos; el crecimiento del comercio informal que repercute directamente en la recaudación provocando la caída de la coparticipación a los municipios; la inflación interanual superior al 276,2%; la quita de subsidios y suspensión de envío de fondos para los servicios de salud, educación y transporte por aproximadamente 20.000 millones de pesos; la suspensión de envíos de fondos a la Provincia para la ejecución de distintas obras públicas; la emergencia económica, socio sanitaria, e hídrica declarada en el territorio provincial, entre otros.
No obstante, y frente a este escenario, el funcionario remarcó que "los salteños debemos 177 millones de dólares menos que en diciembre de 2019, gracias a que tenemos una provincia con equilibrio fiscal hace cuatro años, con previsibilidad y las cuentas en orden". A su vez, Dib Ashur ponderó que esta alternativa financiera permitirá implementar una medida contracíclica, garantizando la estabilidad fiscal y el acompañamiento a los sectores sociales de nuestra provincia frente al actual contexto macroeconómico que afronta el país.
Por su parte, y ante la consulta de los diputados, el ministro Camacho sostuvo que desde el Gobierno no se consideró en ningún momento defaultear la deuda ni dejar de cumplir con los compromisos asumidos.
En este sentido, el ministro Villada aseguró que la Provincia prioriza medidas de apoyo al trabajo, la producción y de contención social, enfatizando que pese a la coyuntura y el escenario adverso producto de que se recibieron casi $100.000 millones menos en recursos nacionales en los primeros meses del año, se formularon políticas y líneas de acompañamiento a las empresas salteñas, comercio, producción, sectores ganadero, vitivinícola, de la construcción, entre otros.
“Se van a utilizar los recursos que estaban destinados al pago de esta deuda para poder aplicarlos a todas las acciones que hagan falta para acompañar a la gente que la está pasando mal”, sostuvo el ministro.
Por otro lado, el ministro Camacho aseguró que con estas medidas se busca garantizar las condiciones para que Salta siga creciendo a pesar de la crisis económica del país, y remarcó que la provincia es una jurisdicción con orden jurídico, estabilidad fiscal y fuerte participación del Estado.
En el encuentro, los diputados de las distintas bancadas coincidieron en la importancia de que la Provincia pueda afrontar sus compromisos y garantizar las herramientas necesarias para el cumplimiento de estas obligaciones, al tiempo que expresaron su preocupación por el impacto de las medidas adoptadas por Nación, como también del escenario macroeconómico y sus consecuencias en los distintos sectores de la provincia.
Asimismo, indagaron respecto a distintos aspectos vinculados a la reprogramación de la deuda, los plazos y disponibilidad de los fondos, la redistribución de los recursos, sobre todo en áreas claves como salud, educación, asistencia social, apoyo a las pymes locales, la obra pública, entre otros puntos.