Legisladores que integran las Comisiones de Justicia, de Legislación General y de Derechos Humanos recibieron a funcionarios de la Secretaría de Justicia de la Provincia con el objetivo de analizar el proyecto de ley que promueve la creación del Registro de Condenados por Delitos Contra las Personas y Contra la Integridad Sexual., estableciendo que estos datos deban ser de acceso público.
La reunión estuvo encabezada por el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Gonzalo Caro Dávalos, la presidenta de la Comisión de Legislación General, diputada Socorro Villamayor; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Laura Cartuccia; el autor del proyecto, diputado Omar Exeni; y los diputados Gladys Paredes, Moisés Belderrama, Roque Cornejo, Julieta Perdigón, Cristina Frísoli, Fabio López, Verónica Saicha, Ernesto Guanca, Pablo Gómez y Mabel Barboza.
Por el Poder Ejecutivo, estuvieron presentes Luis García Salado, secretario de Justicia de la Provincia; Cristian de la Rosa, coordinador de la Secretaría de Justicia; María Vilte, responsable del Registro Provincial de Condenados vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual. Por el Poder Judicial, Martín Martínez, juez de Ejecución Penal.
El proyecto de Ley en análisis promueve la creación del Registro de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual, estableciendo que la identidad de las personas consignadas en los registros sea de acceso público. Para ello, esta iniciativa plantea la modificación del artículo 7° de la Ley N° 7.775, a los efectos de facilitar el acceso al registro, mediante la implementación de una página web abierta para quien resulte interesado en la información.
El objetivo último, según consigna el proyecto, es prevenir una eventual reiteración de conducta por parte de los agresores sexuales.
Desde la Secretaría de la Justicia de la Provincia, explicaron que podría existir una incompatibilidad de aplicación de esta iniciativa por normativas existentes a nivel nacional, que impiden hacer público este tipo de informaciones por atentar contra la privacidad de cada persona. De ahí que plantearon realizar modificaciones al texto original para evitar este inconveniente.
Por otra parte, resaltaron que lo ideal es promover que sean las propias instituciones o entidades interesadas, las que realicen la búsqueda de antecedentes de las personas que aspiran a contratar, para de esa manera velar por la integridad y bienestar de los niños que concurren a las mismas.
En tanto, los legisladores resaltaron la importancia de promover medidas que fomenten el control de todos los sectores del Estado, como así también, en que se siga promoviendo la aplicación efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas para que los niños y niñas.