La Comisión Bicameral de Seguimiento del Programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales, creada por Ley Provincial N°7.658, recibió un informe de la tarea que lleva adelante la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) en el marco de la citada Ley y sus modificatorias.
Del encuentro participaron los miembros de la Comisión Bicameral, los diputados Gonzalo Caro Dávalos y Franco Hernández Berni, por la Cámara Baja y los senadores Mashur Lapad, Walter Wayar y Miguel Calabró por la Cámara Alta; el Coordinador de la UEP, Pablo Fernández Savoy y los secretarios de, Desarrollo Agropecuario, Milagros Patrón Costas; Justicia, Diego Pérez; Tierra y Bienes, Esteban Carral Cook; Derechos Humanos, Mariana Reyes; de las Mujeres, Itatí Carrique y representantes de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario.
La UEP es a partir de este año la encargada de velar por el cumplimiento de la Ley provincial N° 7658, sancionada en 2010 y reglamentada en 2017, por la cual se creó el programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales; se suspendió los desalojos a pequeños productores y se habilitó un registro para acompañar y asesorar a quienes realizan trámites ante la Justicia para certificar sus derechos sobre las tierras. Esta Ley tuvo sucesivas modificatorias, en especial al artículo 9, por el cual mediante varias prórrogas se suspendió las ejecuciones de sentencias, medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores.
Registro Provincial
En este sentido, Fernández Savoy explicó que desde su creación la UEP implementó diversas herramientas que van desde la incorporación de técnicos para trabajar la regularización dominial en terreno, además de brindar asistencia, capacitación, fortalecimiento, más asesoramiento jurídico y catastral; de una página web, correo electrónico y una oficina en calle Santiago del Estero 2225 y una base de datos para el Registro Provincial de Pequeños Productores y Familias Rurales.
Sobre este último tema, Fernández Savoy dijo que el Registro es voluntario, existiendo al 31 de julio de 2022 solo 642 solicitudes de inscripción, sobre un total que varía entre las doce mil a dieciséis mil familias en toda la provincia, según la estimación del censo agropecuario. Agregó que la idea es ampliar esa cifra con las mesas de trabajo que a la fecha lleva relevadas 1261 fichas y más de 100 asesoramientos. Además, con un presupuesto de $23 millones se adquirieron equipos de mensura, un drone con GPS y se diseñaron operativos de abordaje integral que incluyen asesoramiento productivo o jurídico y se comprueba si las tierras reclamadas son privadas, fiscales o ribereña a cursos de agua.
Trabajo conjunto
A su turno Patrón Costas destacó los avances de las mesas de trabajo de la ruta 81 en la zona del Chaco salteño, región que registraba la mayor conflictividad; Diego Pérez reveló que existen 45 casos judicializados, muchos con sentencia, donde se brinda asesoramiento gratuito y se apela a la mediación y las secretarias Reyes y Carrique se refirieron a la necesidad de abordar las titularizaciones con perspectiva de género para eliminar la discriminación de la mujer rural y evitar la vulneración de sus derechos.
Por su parte, los legisladores consideraron que se trata de un programa trascendental que tiene que ver con la dignidad de los pequeños productores y que necesita una fuerte inyección de fondos provinciales, nacionales e internacionales para poder cumplir su objetivo, más la incorporación de otros temas como salud y educación. Asimismo, se refirieron a la situación en zonas de frontera, de la superposición que se da cuando se extienden las áreas urbanas por sobre las rurales, indicando en este punto que existen recursos nacionales para el desarrollo de zonas rurales.
Finalmente, subrayaron la necesidad de fortalecer a los pequeños productores con políticas de arraigo para evitar su migración y que pasen a engrosar la pobreza de los grandes centros urbanos.
Estuvieron presentes también en el informe los senadores, Fernando Sanz, Esteban D’Andrea y funcionarios de los ministerios de la Producción, Desarrollo Social, Infraestructura, Seguridad y Gobierno, que intervienen en la UEP.