PRENSA INSTITUCIONAL

Media sanción para establecer procedimientos para la Justicia durante la pandemia

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Diputados aprobó el proyecto que busca regular las disposiciones procesales transitorias que resultan necesarias para ajustar trámites judiciales ente la emergencia sanitaria establecida en virtud de la pandemia del coronavirus.

La iniciativa rige en todos los distritos judiciales y fueros del Poder Judicial de Salta, mientras dure la situación sanitaria causada por el COVID-19, y regula los actos correspondientes a todos los procesos de los distintos fueros, aun cuando se hayan iniciado con anterioridad, respetando el principio de preclusión y aplicando la ley más favorable a los actos en curso de ejecución y garantizando el debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio.

En cuanto a las audiencias judiciales, las mismas podrán celebrarse de manera virtual, total o parcialmente remota, acreditando la identidad de los participantes; debiendo cumplir con los principios de oralidad actuada para la documentación de todo lo acaecido en las mismas, conforme lo establezca la reglamentación.

Por otro lado, las partes o terceros intervinientes no podrás retransmitir o difundir las audiencias; de manera simultánea o con posterioridad, salvo las que por naturaleza del proceso puedan ser publicitadas.

En este sentido, el juez o el tribunal podrá convocar a la sede del juzgado o tribunal, únicamente a las personas cuya presencia considere indispensables para el desarrollo del acto; mientras que para las situaciones de niñas, niños, adolescentes y personas con padecimientos mentales, que cuya naturaleza jurídica del asunto y/o situación personal del asistido requiera inexorablemente la presencia junto al Asesor de Incapaces y el Tribunal o Juzgado.

Así también, se establece que todas las audiencias son flexibles y multipropósito, pudiendo someterse a la decisión judicial cuestiones diferentes a las que fueron fijadas, requiriendo indispensablemente la petición y conformidad ambas partes.

Por otro lado, al iniciar un proceso o ante uno en curso, los sujetos procesales o los interesados deberán constituir domicilio electrónico, con carácter de domicilio procesal, el cual coincidirá con la matrícula profesional; en caso de pluralidad de letrados apoderados y/o patrocinantes se acogerá un solo domicilio procesal, en el que serán válidas las notificaciones que allí deban serlo.

En este sentido, las resoluciones judiciales serán notificadas por medios electrónicos al domicilio electrónico; mientras que las vistas y traslados se diligenciaran por idénticos medios y con las respectivas copias para traslado. El préstamo y remisión del expediente papel sólo será proveído favorablemente si su compulsa resulta absolutamente indispensable.

Cabe resaltar que las entrevistas, exámenes y demás diligencias que deban cumplir los auxiliares de justicia y los distintos departamentos forenses del Poder Judicial y del Ministerio Público se practicarán, en la medida de lo posible, de manera remota.

La diputada Socorro Villamayor explicó que ante esta situación inusual por la pandemia, las diferentes instituciones debieron adaptarse a la tecnología y el poder judicial no quedó exento, por lo que su actividad se debió irse amoldando a la circunstancias mediante acordadas.

“Se está buscando regular actos procesales que si bien no estaban en el Código, la acordada permitió aplicarlos utilizando mecanismos electrónicos como considerar la existencia de un correo electrónico que remplaza los domicilios físicos o los medios virtuales para las audiencias”, dijo la presidenta de la Comisión de Legislación General.

En tal sentido, Villamayor destacó las ventajas de los mecanismos alternativos dispuestos por la Corte se pusieron de manifiesto en instancias como los procesos sumarísimos en los que hay una sola audiencia, el préstamo de expedientes luego de lo cual se procede a un aislamiento aséptico de la documentación, las citaciones mediante medios digitales  y la presencia virtual de auxiliares de justicia como médicos, psicólogos o asistentes sociales.

“Buscamos darle un marco legal a todas estas medidas que surgieron con el objetivo de garantizar el funcionamiento de la Justicia en la provincia”, dijo la legisladora.

En tanto, el diputado Gonzalo Caro Dávalos destacó la trascendencia del proyecto, y fundamentó que a partir de esta inciativa se garantiza el funcionamiento y acceso a la justicia en Salta mientras dure la emergencia por el COVID-19.

En este sentido, el diputado Javier Diez Villa expresó que la pandemia dejó en evidencia las decadencias tecnológicas de los diferentes servicios en la provincia como es el caso de la justicia, por lo que esta iniciativa viene a solucionar en parte esta problemática.

Durante el tratamiento, se desarrolló un amplio debate en el que se objetó –entre otros puntos-, la posibilidad de que un ciudadano justiciable sea identificado “razonablemente” en lugar de que esto se realice “fehacientemente”, o que se reemplace el domicilio real previsto en la constitución por la constitución de un domicilio virtual o electrónico.

El diputado Manuel Santiago Godoy, impulsó un dictamen de minoría en el que planteaba que se modifiquen artículos del Código Procesal Civil y Laboral y no los restantes, por lo que además precisó que de no prosperar el mismo, votaría en contra, en tanto mocionó la vuelta a comisión del proyecto, la cuál fue rechazada por mayoría.

Finalmente, una vez que fue rechazada la moción de la vuelta a comisión, se aprobó la autorización para las abstenciones de los diputados: Julio Moreno, Matías Monteagudo, Héctor Chibán, Carlos Zapata, Gladys Moisés, Jesús Villa, Alejandra Navarro, Ivan Mizzau, Gladys Paredes, Franco Hernández Berni, Jorgelina Juárez, Isabel De Vita, Ana Laura Córdoba, Cristina Fiore, Baltasar Lara Gros, y Claudio Del Plá.